Carmen Bautista
La historia de Inmaculada Efna es, como poco, rocambolesca. El pasado sábado salió a hacer la compra y al volver a su casa, situada en el barrio de Son Gotleu de Palma de Mallorca, vio que le habían cambiado el candado con el que aseguraba la puerta. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Con la ayuda de su sobrino rompió el candado y puso uno nuevo. En ese momento llegaron las dos personas, una mujer y un hombre, que habían entrado ilegalmente la vivienda y se enfrentaron a la propietaria.
El hombre sacó un cuchillo para intimidar y amenazó con matarla. “Los negros me han cambiado el candado. Estoy harto de ellos. Nos han roto la puerta de mi amiga y la han ocupado ilegalmente. Yo me he criado en Son Banya (barrio conflictivo de Palma) y os voy a matar. No les tengo miedo”, gritó el okupa, de nacionalidad española, contra la dueña de la vivienda, de origen guineano.
Ante tales amenazas, Inmaculada llamó a la policía. Al personarse los agentes, detuvieron al okupa por un delito de amenazas con arma blanca. La sorpresa vino después, cuando los efectivos de seguridad informaron a la propietaria de la casa –que compró en 2004 y todavía está pagando la hipoteca– que iba a ser detenida también por un delito de allanamiento de morada.
Según han explicado fuentes policiales, la dueña de la casa no utilizó los mecanismos pertinentes para recuperar su propiedad. No denunció la okupación y fue informada de que no podía cambiar el candado a la fuerza. Inmaculada acabó en el calabozo y sin recuperar su vivienda, a pesar de que la mujer que había accedido ilícitamente al piso reconoció ante los agentes que no era la propietaria.
Ayer prestó declaración ante el juez y, de momento, sigue fuera del hogar. Ahora vive de alquiler en una habitación con sus cuatro hijos menores y no tiene esperanzas en recuperar la vivienda a corto plazo. Eso sí, mientras tanto no le quedará más remedio que seguir pagando la hipoteca y los gastos de agua y luz a los okupas.
